Por: Carlos Emilio Ceballos
Orozco. Estudiante programa en Ciencias Políticas, Universidad EAFIT.
Un compromiso del sistema
judicial y un serio aviso a quienes despojan, se ha convertido en la consigna
por parte del gobierno en la actualidad como forma de mostrar positivos
resultados en materia de restitución de tierras.
El conflicto colombiano puso de
manifiesto las brechas de injusticia y como los clamores de las víctimas por
parte de los actores armados se veían desatendidos, es por ello que la ley 1448
de 2011 se realizó con el firme propósito de que el Estado colombiano garantice
a quienes han sufridos los daños con ocasión del conflicto reciban una
reparación integral y redireccionen sus proyectos de vida.
A partir de la promulgación de
esta ley se dieron múltiples solicitudes en materia de restitución de tierras.
Hasta el momento se han dado alrededor de 450 sentencias favorables y con ello
se asienta una línea de jurisprudencia en la materia. Los puntos que se aborda
judicialmente aunque parezcan formales, exponen de fondo que aún falta un
camino por seguir para materializar los fundamentos de la restitución de
tierras.
Los lineamientos
jurisprudenciales se enfocan hacia las víctimas y en especial a los victimarios
por parte de la gestión del INCODER.
Principalmente anuncian un
compromiso con las víctimas de la restitución y deja en claridad que los
motivos que originaron el desplazamiento y en consecuencia el abandono de sus
propiedades conlleva no sólo a un detrimento patrimonial sino psíquico.
En cuanto al INCODER las facultades
de anulación de las adjudicaciones que sobre dichos bienes en reclamación se
haya realizado, aunque fueron legales “no son compatibles a la realidad vigente
para la época en la zona”, esto significa que gracias a la ley se invierte la
carga de la prueba para quienes aleguen que las adquisiciones que se han hecho
en territorios despojados fueron actos de buena fe.
Fuera de estos planteamientos, se
le aplica a las víctimas la fórmula de “una restitución integral” como la
vinculación al sistema general de salud y beneficios para vivienda y desarrollo
de actividades productivas; esto sin duda sienta un buen precedente.
El aviso por parte del sistema
judicial para quienes realizaron estos despojos solo queda en la formalidad ya
que deben dar paso a la justicia ante las formas legales, pero deja por fuera
el riesgo al que se exponen los restituyentes a la hora de retornar o a los que
aún están en trámite.
Según Human Rights Watch, en un estudio que realizó durante el año 2012 y
el primer semestre del año 2013 las amenazas y asesinatos que se dan al
interior de estos procesos muestran la mayor impunidad que pone en grave
peligro la restitución de tierras, “El riesgo de volver a casa”. Mientras la
justicia no persiga a quienes están detrás de amenazas y asesinatos de
quienes reclaman sus tierras no puede hablarse de buenos resultados.
Este informe expone el riesgo y
peligro que alrededor del último año se da para quienes reclaman ante la
justicia con un gran número de casos emblemáticos en departamentos como:
Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima. Ante
este informe el gobierno manifiesta que hay buena voluntad para hacer cumplir
la Ley de víctimas y restitución de tierras en cooperación con la Unidad
Nacional de Protección para evitar que las manos criminales hagan efectivas las
amenazas de quienes están en contra de la restitución.
Ante este contrapunteo de
balances y resultados se hacen visible los pronunciamientos de varias organizaciones
de estas comunidades mientras no haya una actuación más rigurosa en contra de
los victimarios los procesos de restitución se ven expuestos al fracaso. Aunque
se reconoce que hay avances no son suficientes las medidas de protección a
víctimas, que hay que seguir avanzando con investigaciones más eficaces para
dar con los autores intelectuales y materiales de quienes están entorpeciendo
las restituciones, de lo contrario persistirá la probabilidad de ser el delito
con mayor impunidad.
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