Los diálogos de paz que se
llevan a cabo en La Habana entre las FARC y el Gobierno Nacional han dado mucho
de qué hablar. En primer lugar por la gran oposición que representa el
expresidente Uribe, el hombre más convocante de este país en asuntos políticos.
En segundo lugar por las
polémicas declaraciones que han dado las FARC cada vez que salen a la palestra
pública. A renglón seguido se ha hablado de la demora en las conversaciones, se
dice que se habla mucho pero se concreta poco. Pero sin lugar a dudas hay dos
puntos a mi juicio especialmente álgidos y que no salen de las conversaciones
de pasillo de los colombianos: la participación política de los miembros que se
desmovilicen, y el posible perdón ante una inminente pena carcelaria que sería
suplantada por un mecanismo de justicia transicional, amparado hoy por hoy en
el polémico ‘marco para la paz’.
La discusión no es menor, y
frente a este último tema me gustaría hacer unas cuantas precisiones: En primer
lugar y parafraseando a Rodrigo Uprimny, hay que entender que la justicia
transicional es una justicia imperfecta para países imperfectos como Colombia
que lleva 60 años en los cuales la normalidad ha sido la anormalidad. Es decir,
en este país no impera la regla sino la excepción, que se manifiesta en el
conflicto armado.
Por otra parte es importante
resaltar algunas inconsistencias de quienes hoy se oponen a que las FARC puedan
no pagar un solo día de cárcel, ya que durante el gobierno Uribe, y más
exactamente en 2003, se quedaron callados cuando el exmandatario radicó el
proyecto de alternatividad penal en el Congreso donde aspiraba que los
paramilitares que se desmovilizaran no pagaran penas carcelarias aún si habían
cometido crímenes de la lesa humanidad. En ese entonces se declaraban
defensores de mecanismos alternos de justicia. Todo sea por la paz, decían.
Lo más importante a la hora
de hablar de justicia transicional es hacer que prevalezcan los intereses de
las víctimas, materializados en una reparación integral (material y
psicológica), donde prime la verdad ante todo y se esclarezcan tantos hechos no
conocidos aún por la justicia. Es imperante además que este mecanismo de
justicia transicional sirva como garantía para que no se repitan los sucesos y
prime ante todo la paz y la reconciliación.
También vale la pena tener
en cuenta que la investigación y el juzgamiento son principios a la luz del
derecho que en este caso chocan con otros principios como el ya mencionado de
la verdad. Allí la ponderación tiene que cargar la balanza hacia el segundo
principio en cuestión. Ya lo dice el viejo adagio “quien no recuerda su
historia, está condenado a repetirla”.
Hace poco revisaba un
conversatorio en el cual participaba el profesor Daniel Pecaut quien afirmaba
en tono certero que Colombia era un ejemplo en materia de verdad. Aseveraba que
países similares como Perú, Argentina o los estados de Centroamérica, no
contaban con recopilaciones tan extensas como nosotros hablando del Informe
¡Basta Ya! No podemos permitir que esto se marchite. La verdad, la justicia y
la reparación tienen que estar en el primer plano a la hora de hablar de una
paz duradera.
La tarea ejercida por el
Centro Nacional de Memoria Histórica ha sido invaluable, en tanto sus profundas
investigaciones no solo cuantitativas sino también cualitativas, han traído a
los colombianos los relatos más crudos de esta guerra en clave de víctimas.
Textos como el de las masacres de la Rochela, el Salado, Segovia y Remedios,
nos dan un diagnóstico bastante alarmante que nos muestra lo seviciosa que ha
sido nuestra guerra. Necesitamos de manera urgente que a nuestro país llegue la
paz, y personalmente, estoy seguro de que por las armas, no lo haremos.
Post
scriptum: Quiero manifestar mis más profundas condolencias a los
familiares de Juan Esteban Cantor por la terrible tragedia que hoy los aflige.
Se nos va otro eafitense mas este año. ¡Qué dolor!
@danielduquev
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